Por Luis Miguel Castilla
El vencimiento de las concesiones adjudicadas a inicios de la década de 2000 obligará al Gobierno a decidir entre ampliar las vigentes vía adendas o convocar nuevos concursos. El debate suele plantearse con convicciones previas, ya sea a favor de la competencia o de la continuidad, y ninguna sustituye la evidencia de cada caso.
El costo del tiempo en una nueva licitación
La Ley 32441 y su reglamento no favorecen ninguna opción. Exigen que el Estado compare, con tres años de anticipación y opinión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la ampliación, el nuevo concurso y la gestión directa (que retorne al Estado). Esa comparación rara vez incorpora el costo del tiempo. Una relicitación con tres años adicionales de demora tendría que reducir el costo del servicio en cerca del 10% de la inversión, en valor presente, solo para igualar a una adenda sin demora. En Cálidda, por ejemplo, un nuevo proceso competitivo tomaría entre cinco y seis años, y el gas llegaría a nuevos hogares hacia 2037. Y eso sin tomar en cuenta los concursos desiertos del pasado.
Los retrasos en la ejecución de infraestructura
La capacidad de ejecución del Estado apunta en la misma dirección. El Plan Nacional de Infraestructura 2022-2025 ejecutó el 23.5% de su costo actualizado, y el MEF atribuye los retrasos a predios, permisos y calidad de estudios. Un nuevo concurso reabre esos frentes, mientras que una adenda sobre una concesión madura los aprovecha como resueltos.
Condiciones para una renegociación con garantías
Negociar con el operador de turno entraña riesgos reales, pues puede diluirse la presión competitiva. La experiencia regional de renegociaciones frecuentes describe contratos mal estructurados en origen, situación menos probable en activos cuyos costos y desempeño son observables. El riesgo se administra con reglas verificables, entre ellas una sola ampliación por concesión, un plazo acotado, opinión favorable del MEF y del regulador, inversión financiada por el concesionario con garantías y penalidades por hitos, reconocimiento tarifario solo de las obras recibidas y contraste del costo resultante con referencias independientes.
El riesgo de dejar vencer las concesiones
También existe el riesgo contrario: que la adenda nunca llegue por requisitos sin base legal o plazos incumplidos. En Olmos, la concesión del trasvase venció sin negociación y hoy la administra el Estado. Según Ositrán, tres de las ocho concesiones de transporte que vencen hasta 2030 ya superaron su plazo original y operan sin un respaldo claro.
Cuándo ampliar y cuándo volver a licitar
Donde la concesión es madura y su desempeño está acreditado, una adenda bien negociada ofrece mejores servicios en menos tiempo y adelanta inversiones que el país necesita. Donde la competencia entre postores pueda traducirse en menores costos para los usuarios, la relicitación mantiene su justificación.
Una decisión basada en evidencia y plazos
Para que la elección resulte técnica, el análisis multicriterio debe comparar la ampliación con una relicitación completa y no con una versión debilitada. La decisión corresponde a la evidencia y a los plazos, sin preferencia por el operador vigente ni por el procedimiento.
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