Por Luis Miguel Castillo
En su presentación ante la Cámara de Diputados, el premier Luis Galarreta ordenó la Política General de Gobierno en cinco ejes. Dos tocan de cerca a los jóvenes: el compromiso de fortalecer la transición de la educación al trabajo, con metas de capacitación e intermediación, y el anuncio de una comisión presidencial para enfrentar la informalidad laboral.
La urgencia de actuar frente a la precariedad laboral
En virtud de estos anuncios, se debe acelerar la adopción de políticas que encaren la precariedad del mercado laboral de la juventud. La informalidad de los menores de 24 años alcanza el 85%, quince puntos por encima del promedio nacional, y apenas un tercio tiene empleo adecuado. El desempleo juvenil casi duplica al nacional y el 48% de los jóvenes señala la falta de experiencia como su principal barrera, mientras seis de cada diez empleadores no consiguen cubrir sus vacantes.
Experiencias regionales que pueden orientar la política laboral
Para encarar esta problemática, hay diversas experiencias en la región que podrían adaptarse a nuestra realidad. Tenemos programas como ProJoven, pero sin la escala suficiente como en otros países. Jóvenes en Acción en Colombia elevó el empleo formal, los ingresos y la cotización. La Lei do Aprendiz brasileña aumentó la probabilidad de un empleo formal permanente. El Subsidio al Empleo Joven chileno aumentó el empleo formal. Pese a contar con estos referentes con estudios de impacto probados, la política laboral nacional no ha sido lo suficientemente audaz para ir más allá de un programa de pequeña escala.
Dos medidas prioritarias para impulsar el empleo formal
De abrirse la ventana normativa que el Ejecutivo pretende conseguir, al menos dos medidas merecen clara prioridad. Un crédito tributario acotado a jóvenes sin registro previo en planilla, decreciente en el tiempo y con caducidad automática sujeta a evaluación, para no subsidiar contrataciones que igual habrían ocurrido. Además, la consolidación de la media docena de modalidades formativas vigentes desde 2005 en un contrato único de formación en alternancia, con tutor en planta, certificación de competencias y derechos plenos proporcionales a la jornada.
La voluntad política para hacer viable la reforma
Para ello, se requiere real voluntad política. El argumento que mueve a un político no es la evidencia, sino la atribución. Hay que mostrarles que esta reforma no le quita nada a nadie, que es lo contrario de la ley Pulpín, vale decir, que los derechos quedan intactos y el costo lo asume el fisco, de forma acotada y temporal. Segundo, que los resultados son visibles dentro de su propio horizonte electoral, porque la primera planilla de un joven se registra en meses, no en años, y se puede reportar por región y por distrito. Tercero, que la caducidad automática y la evaluación los protegen: si funciona, se renueva con datos en la mano; si no, expira sin que nadie tenga que pagar el costo político de derogarla. Y conviene recordar a los legisladores que los empleadores que no cubren vacantes son un potencial electorado tan apetecible como los dos millones de jóvenes que esperan una solución concreta a sus problemas.
Lee aquí el informe de Hágase Instituto publicado en Gestión:
Informe: Precariedad laboral entre los jóvenes →