Por Luis Miguel Castilla
El debate sobre la masificación del gas natural en el Perú ha dejado de ser técnico. La audiencia de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, realizada en el Cusco el 13 de octubre, repitió un libreto conocido, según el cual el país sacrificó su mercado interno para exportar y cada adenda profundiza esa entrega. Los datos contradicen esa lectura.
Gas disponible, pero sin demanda ni infraestructura suficiente
Una quinta parte del gas que produce el Perú, 276 de 1.366 millones de pies cúbicos diarios a junio de 2025, vuelve al subsuelo por falta de demanda e infraestructura. La demanda interna abastecida desde Camisea promedió 680 millones en el segundo trimestre de 2024, por encima de los cerca de 600 que procesó Melchorita. El Lote 88, con más de 10 TCF de reservas probadas, se destina por completo al mercado nacional desde 2012. Los lotes 56, 57 y 58 se licenciaron sin reservas probadas y bajo condiciones distintas, de modo que quien invoca la seguridad jurídica debe exigirla también para el contrato del Lote 58.
El costo del GLP para los hogares de las regiones
Corresponde preguntar a quién favorece que el gas natural no llegue a los hogares. En el Cusco, el balón de GLP cuesta entre S/ 120 y S/ 130, y en Megantoni supera los S/ 200, mientras que un hogar limeño paga entre S/ 24 y S/ 26 mensuales por gas natural. Cada región sin gas natural es un mercado cautivo del GLP, y resulta plausible que la campaña responda a esos intereses comerciales. Quienes la impulsan deben declarar los suyos.
Intereses y cuestionamientos en el debate sobre Camisea
La Comisión contribuyó a ese clima al dar tribuna a representantes de un partido antisistema y a exfuncionarios de Petroperú, cuya posición de fondo parece orientarse a que los activos de las concesiones que buscan continuar operando en Camisea retornen a esa empresa. Colegios profesionales y técnicos que prestaron servicios al regulador intervienen hoy con posiciones sesgadas, y su vínculo previo con Osinergmin debió transparentarse.
Rentabilidad y riesgos en los proyectos de infraestructura
Un ejemplo es comparar la rentabilidad del 12% de un proyecto de infraestructura con el 5% que rinden los bonos soberanos, lo que equivale a medir riesgos distintos con la misma vara. El bono refleja el riesgo de prestarle al Estado, mientras que el inversionista de un gasoducto asume, además, los riesgos de construcción, demanda, operación y financiamiento. Exigir concurso y transparencia es legítimo, pero esa brecha de tasas no prueba un beneficio indebido.
Las observaciones a la adenda de Cálidda
Nada de ello exime a las adendas de escrutinio. Osinergmin observó la novena adenda de Cálidda en la reversión de bienes prevista para 2033, en sus competencias y en el alcance de la masificación, y esas objeciones ameritan una respuesta técnica pública. Sin embargo, el concurso de Proinversión entre 2014 y 2021 se declaró desierto, una nueva licitación tomaría entre cinco y seis años, y la integración con la demanda de Lima es lo que vuelve viable llegar a las regiones.
Una hoja de ruta para llevar el gas a las regiones
El Cusco pregunta cuándo llega el gas, y la respuesta exige una hoja de ruta pública con responsables y plazos verificables. La desinformación que busca presionar a quienes están por decidir no contribuye a ese fin.
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