Por Luis Miguel Castilla
El Gobierno publicó el sábado pasado el decreto que aprueba su Política General 2026-2031 y, con ello, cerró el ciclo de definiciones que abrió a fines de agosto. Ya están sobre la mesa las tres piezas que muestran lo que quiere hacer y con qué piensa pagarlo. Leídas juntas, dejan la impresión de un Gobierno que tiene claro el rumbo y menos claro el financiamiento.
Seguridad ciudadana: prioridades que no coinciden con el presupuesto
El caso más visible es la seguridad ciudadana. Es el primer eje de la política, ocupa buena parte del pedido de facultades y el mismo día del decreto se declararon en emergencia los penales de mayor peligrosidad. Todo apunta en una dirección, salvo el presupuesto, que reduce la función orden público en 3.3% y le quita S/ 384 millones a su principal programa, mientras defensa crece 25.3%. Puede que haya una apuesta deliberada por las Fuerzas Armadas. Si es así, convendría decirlo, porque el discurso pide más policía y los números financian menos.
Agua y saneamiento: reformas con menos recursos
Algo parecido pasa con agua y saneamiento. La política los incluye entre sus lineamientos y las facultades les dedican siete numerales para acelerar obras. El presupuesto, en cambio, recorta vivienda en 32% y saneamiento en 30.1%, los ajustes más fuertes del proyecto. Pedir poderes para destrabar un sector al que se le retira un tercio de sus recursos deja al Congreso sin saber cuál de las dos señales tomar en serio.
Mercado laboral: respuestas que aún no se articulan
En el mercado laboral, la inconsistencia es de otro tipo. Diagnóstico común, con informalidad de 70% y productividad baja, y respuestas que no se hablan entre sí. Las facultades quieren legislar sobre régimen laboral y formalización, el MEF anuncia comisiones para identificar barreras que aún no se conocen y la función trabajo cae 25.3%. Cambiar reglas puede salir “gratis”, pero los servicios de empleo e inspección que la propia política promete no lo son.
Una reforma para ordenar el gasto público
Hay coherencia donde el Gobierno pretende reformar la manera en que el Estado decide su gasto. El límite multianual y la línea de base del proyecto, sumados a las facultades para reordenar el sistema presupuestario, atacan un problema real. Entre 2021 y 2025, el Congreso aprobó 248 leyes con costo fiscal y el gasto en personal pasará de 0.3% a 3.5% del PBI en seis años. Es la reforma que más importa y la que menos ruido hará. Este es el presupuesto descendente que hace parte de las reformas de adhesión a la OCDE.
Alinear el presupuesto con las prioridades
El decreto obliga a los ministros a tomar medidas para cumplir la política desde ahora. La más urgente está en el propio presupuesto. El debate de octubre y noviembre es la oportunidad de alinear los pliegos con las prioridades que el Gobierno acaba de convertir en norma o de explicar por qué el gasto va por otro lado. No resulta evidente el porqué del desajuste; una probable razón es que la formulación del presupuesto la hizo el Gobierno anterior y hubo poco espacio para hacer los cambios correspondientes. Igual es clave que haya consistencia entre los objetivos planteados y la forma de conseguirlos.
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