Por Luis Miguel Castilla
La inflación de Lima en septiembre, de 4.6 puntos, se explica en 45% por alzas en combustibles y transporte. Los combustibles para vehículos cuestan 37% más que hace un año y el transporte, 17% más. Detrás de esas cifras está la dependencia de crudo y derivados importados, de precios altos y difíciles de prever en un mundo de conflictos bélicos y restricciones de oferta. El Perú importa cerca de 70% del diésel que consume, y casi 80% de ese volumen proviene de Estados Unidos, donde los inventarios caerían a su menor nivel desde 2003 y el gobierno estadounidense evalúa limitar exportaciones para privilegiar su mercado interno.
Una capacidad local con poco margen
La capacidad local ofrece poco margen. La refinería de Talara opera al 63% y el Minem suspendió tres veces este año la exigencia de reservas para 15 días. El gas de Camisea, que sostiene cerca de 40% de la generación eléctrica, requiere redundancia y reducir la dependencia del respaldo mediante la quema de diésel, que es caro y contaminante.
El impacto de El Niño sobre los precios
El Niño, que el Enfen prevé extraordinario hasta el primer semestre de 2027, encarecerá los alimentos y se trasladará a los precios. Un alza adicional de 10% en los combustibles sumaría unos 0.7 puntos a la inflación y llevaría la de 2026 de 4.2% a cerca de 5%, por encima del rango meta del BCR, antes de contar el efecto de El Niño. Los hogares lo pagan en el pasaje y en la canasta básica.
Una política integral para la seguridad energética
La seguridad energética ha desplazado a la sostenibilidad como prioridad en la mayoría de los países del mundo, aunque ambas se necesitan, pues las renovables no convencionales requieren respaldo firme y cada hora sin sol ni viento se cubre hoy con combustible importado. Se requiere una política integral con metas medibles y responsables definidos. En el corto plazo, corresponde duplicar las reservas mínimas de diésel y focalizar mejor los subsidios. En tres años, Talara debería operar a plena capacidad, con almacenamiento repartido en el país y un respaldo definido para el gas. En el largo plazo, hacen falta reglas estables y regalías competitivas para reponer las reservas de gas, pues los contratos de exploración bajaron de 41 en 2015 a cinco en 2024.
Hidrocarburos: una reforma aún pendiente
Resulta lamentable que el texto acotado de facultades delegadas aprobado por la Comisión de Constitución haya excluido toda la sección de hidrocarburos. El pedido incluía la inversión privada en hidrocarburos, materia directamente ligada a la exploración y a la producción local que reduce esta exposición. El país tendrá que seguir esperando la presentación y discusión en el Congreso de proyectos de ley para hacer más atractiva la inversión (regalías más competitivas). El Gobierno tiene que relanzar una política integral que permita asegurar la seguridad energética del país y facilitar la inversión privada en el sector de hidrocarburos. La oferta de gas se puede ampliar significativamente con mayor exploración y la de derivados puede ampliarse con mayor capacidad de refinación para no depender de importaciones poco confiables y dar soporte firme a las energías renovables intermitentes.
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