Por Luis Miguel Castilla
El inicio de las lluvias torrenciales en el norte pone a prueba al Estado en el terreno donde suele concentrar su atención, que es la emergencia. Asistir a los damnificados, restablecer los accesos y proteger a la población expuesta es la prioridad inmediata. Esa atención no debería, sin embargo, desplazar la discusión sobre la prevención y la institucionalidad que conducirá la reconstrucción.
Las deficiencias de la Reconstrucción con Cambios
La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) ofrece la evidencia más reciente. Según la Contraloría, las 32 obras auditadas costaron un 140.7% más y demoraron un 332.6% más de lo previsto en los contratos. La entidad concentró su cartera en grandes obras, las de mayor visibilidad, y dejó pendiente, por ejemplo, la solución integral del río Piura, cuyo primer componente era su salida al mar. Contrató solo dos de los 18 sistemas de alerta temprana previstos, y ninguno opera bajo la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que heredó su cartera. Una entidad temporal, con mandato de obra y sin responsable de operar lo construido, respondió a los incentivos de la ejecución visible, como ya había ocurrido con el Fondo de Reconstrucción del Sur tras el terremoto de Pisco. La ANIN recibió la cartera sin que el diseño de incentivos cambiara.
La dispersión de responsabilidades en la gestión del riesgo
Detrás de esos resultados se encuentra una rectoría dispersa. El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2022-2030 reparte responsabilidades sin que una entidad responda por el ciclo completo. La atención de emergencias, a cargo del INDECI, rinde réditos políticos inmediatos, mientras que la prevención, a cargo del CENEPRED, los rinde menores y tardíos. Según el CENEPRED, apenas el 9% de las entidades realizó evaluaciones de riesgo.
Una conducción institucional para fortalecer la prevención
Corregir esos incentivos requiere una conducción política cercana a la Presidencia, con una secretaría técnica permanente que no administre una cartera de obras, responda por un programa presupuestal con metas verificables y arbitre entre el INDECI y el CENEPRED. El antecedente de 1997-1998, cuando la PCM lideró la prevención y las obras quedaron a cargo de los sectores existentes, indica que el camino es viable. Los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca pueden servir de plataforma para planes por cuenca, y el programa de incentivos municipales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) podría premiar metas de riesgo que hoy no incluye.
El riesgo de repetir los errores de la reconstrucción
El rediseño institucional no formó parte del paquete de facultades delegadas por la Ley 32743, y hasta ahora la discusión no ha comenzado en el Ejecutivo ni en el Congreso. Esa omisión deja abierta la posibilidad de que, con el desastre en curso, se opte por una nueva entidad temporal y se repitan los resultados de la ARCC. Definir desde ahora quién responde ante el jefe de Estado por la prevención, con presupuesto y metas verificables, y ejecutar parte del paquete bajo esa responsabilidad, con una alerta del ENFEN que active recursos sin otro decreto de urgencia, evitaría que la próxima reconstrucción se improvise.
Lee aquí su columna completa en Gestión:
Columna: prevención de desastres y reconstrucción →