Por Milton von Hesse
En julio del 2002, con la promulgación de la Ley de Bases de la Descentralización (Ley 27783), se dio inicio a la reforma estructural más importante que promovió el gobierno del presidente Alejandro Toledo. El proceso de descentralización proponía reorganizar al Estado Peruano transfiriendo competencias, recursos y poder de decisión a gobiernos regionales y locales electos, con la finalidad de lograr el “desarrollo integral, armónico y sostenible del país” (artículo 3 de la mencionada ley). La regionalización, al promover la creación de regiones a partir del aglutinamiento de dos o más departamentos, generaría competitividad regional, cobertura de servicios básicos en todo el territorio, redistribución equitativa de los recursos e institucionalización virtuosa de los gobiernos subnacionales.
Una descentralización que quedó incompleta
En la práctica, sin embargo, las regiones nunca se crearon, las competencias tampoco se acreditaron y los recursos sí se transfirieron. El resultado fueron unas mal llamadas “regiones”, que en realidad eran —salvo el caso de Lima— los mismos departamentos de antes, con una institucionalidad muy precaria que se construyó a partir de las antiguas Cordes (corporaciones de desarrollo creadas para intervenciones sectoriales del gobierno nacional en los departamentos), que empezaron a funcionar con una gobernanza inadecuada y con funcionarios nuevos y heredados que no respondían a una lógica meritocrática. Más de 20 años después es claro que este proceso no respetó el gradualismo ni la evaluación de competencias que hubiera sido deseable y se hizo muy rápido porque la mayoría de competencias y recursos se transfirieron muy rápidamente entre el 2006 y el 2007 en los albores del segundo gobierno del expresidente Alan García.
Inversión sin una mirada de desarrollo territorial
Cuando se revisa la data de lo que pasó en este periodo se observa, por ejemplo, que hoy, a diferencia de principios del 2000, casi dos tercios de los recursos para inversión pública se ejecutan desde los gobiernos subnacionales y no desde el gobierno nacional como era entonces. Salvo excepciones de gobiernos regionales y locales que han hecho importantes esfuerzos por mejorar la eficiencia de sus intervenciones, lo que predomina en la actualidad son inversiones que se realizan desarticuladas y sin una mirada de desarrollo territorial, con problemas de sostenibilidad operativa y financiera en el largo plazo y frecuentemente conducidas por profesionales que no tienen —según las evaluaciones pasadas de Servir— las competencias suficientes para ejecutar dichas inversiones. El resultado son demasiadas obras abandonadas o en litigio y ciudadanos que no reciben servicios básicos de calidad pese a la gran cantidad de recursos ejecutados.
Una agenda pendiente para la descentralización
Más allá de estos resultados parciales, lo que resulta imperativo es poner en la agenda pública la discusión respecto de cuáles deberían ser los siguientes pasos para retomar el proceso de descentralización que oriente al Perú hacia resultados más potentes de los que se han obtenido hasta ahora.
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