Por Milton von Hesse
Al presentar la Política General de Gobierno, el premier Luis Galarreta sostuvo que la inversión la decide y la ejecuta el sector privado, y que al Estado le corresponde garantizar la seguridad jurídica y resolver a tiempo. La pregunta es si el Estado tendrá la capacidad de hacer precisamente eso. El Ministerio de Energía y Minas reporta autorizar 240 proyectos este año y trabaja con una referencia de más de USD 33,000 millones ejecutados hasta el 2031, sobre una cartera total de USD 54,075 millones. En otras palabras, el propio Ministerio asume que cerca de la mitad no se materializará durante el quinquenio.
La inversión también se juega en las regiones
Buena parte de esta mitad se juega fuera de Lima, en un territorio con capital político en las regiones y municipios, porque hemos votado dos veces este año. En la segunda vuelta, la oposición de izquierda ganó dieciocho regiones, incluidas las diez que concentran el 82% de la cartera minera y las cuatro que producen dos tercios del cobre. En la primera vuelta de abril, el partido de gobierno se impuso en 583 de los 1,894 distritos del país, y el 4 de octubre elegiremos a las autoridades que administrarán esos mismos territorios durante los próximos cuatro años.
La política regional y municipal tiene su propia lógica
Extraña que se resalte a la elección subnacional exige cautela. La política regional y municipal no se organiza por partidos nacionales. Veintidós de los veinticinco gobernadores electos salieron de movimientos regionales. Si esa lógica no está bien articulada, lo más probable será una fragmentación de autoridades sin compromiso alineado con el Ejecutivo, según los mecanismos disponibles desde este obtuso su peor resultado.
Las autoridades subnacionales pueden facilitar o retrasar los proyectos
Deben ser nuevas autoridades subnacionales no pueden velar la realización de estos proyectos, si pueden obstaculizarlos. De hecho, el Tribunal Constitucional anuló las ordenanzas de Cajamarca, que declaraban inviable Conga, y la de Víctor Fajardo, en Ayacucho, que declaró a determinadas provincias zonas mineras. La Constitución limita la competencia regional a la pequeña minería y la minería artesanal. La capacidad de demorar, en cambio, es real y está repartida entre muchas manos. La gestación de muchos proyectos en sus etapas de obra física requiere zonificación provincial, licencia de edificación, autorización de rutas para el transporte de concentrado y saneamiento predial.
El reto de evitar nuevos cuellos de botella
El desafío es mucho mayor que solo lograr que las autoridades subnacionales se abstengan de competencias sin convertirlas en cuellos de botella mediante costos de conflictividad.
Lee aquí su columna publicada en Correo (Huancayo):
Columna: política regional y municipal →