Por Luis Miguel Castilla
El Ejecutivo se ha comprometido a presentar el 15 de octubre un proyecto de ley para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Lo hará con cerca de 30 mil inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), a pocas semanas de su vencimiento, el 31 de diciembre. El riesgo es que la falta de una alternativa termine en una sexta prórroga sin condiciones, impulsada por movilizaciones y por la presión que ejerza la representación que la minería informal e ilegal ha ganado en el Congreso.
Los acuerdos sobre concesiones deben seguir siendo voluntarios
La nueva ley no debe reabrir el régimen de concesiones con miras a obtener un título habilitante. Solo el 7% de los inscritos opera en concesiones propias, y cerca del 70% de las concesiones donde trabajan los mineros en vías de formalización pertenece a pequeños productores y artesanales. Habilitar la cesión forzosa de concesiones calificadas de ociosas afectaría un derecho que protege el artículo 70 de la Constitución. Los acuerdos entre titular y minero deben seguir siendo voluntarios.
Las plantas de beneficio como punto de control
El punto donde el Estado puede actuar con eficacia son las plantas de beneficio. Allí se procesa el mineral, se estima su ley y se fija el pago al productor, y allí también el oro de origen ilícito se mezcla con el legal. Hay plantas formales que cumplen las reglas y otras que operan al margen de ellas, de modo que estigmatizar al conjunto sería un error. No obstante, corresponde exigir a todas una licencia condicionada a un balance de masas reportado en línea, guías electrónicas que vinculen cada lote a una operación georreferenciada y certificación bajo estándares de debida diligencia. Supervisar un número acotado de plantas está al alcance del Estado, algo que no ocurre con miles de labores dispersas.
Incentivos para avanzar hacia la formalidad
Nada de ello funcionará si al productor no le conviene vender formalmente. El canal informal le compra todo al mismo precio y sin trámites, mientras la formalidad le suma costos. La ley necesita un conjunto de incentivos económicos suficientemente robusto para cambiar esa ecuación, con ensayos de laboratorios acreditados, un precio de referencia público, crédito para la conversión tecnológica, un régimen tributario simplificado para las plantas que compren solo a operaciones registradas y un premio por oro certificado.
Acelerar la formalización antes de que venza el plazo
Sin perjuicio de lo anterior, habría entre 10,000 y 15,000 registros que esperan la revisión de la certificación ambiental del MINEM y que se especula que ya contarían con un contrato con un titular de una concesión. Acelerar esta evaluación conllevaría reducir hasta en 50% los inscritos en el Reinfo y daría un impulso importante al proceso al reducir significativamente el número pendiente de registros. Para ello, el MINEM tiene que actuar con toda celeridad, a la par que establece incentivos, trazabilidad y certificación que permitan avanzar con la formalización de las plantas de beneficio. Imprimirle sentido de urgencia a este proceso es algo que el gobierno pareciera no estar haciendo y el tiempo se está acortando.
Lee aquí el informe de Hágase Instituto publicado en Gestión:
Columna: formalización minera →