Por Luis Miguel Castilla
El Gobierno ha prometido cerrar brechas de infraestructura y anticipa cambios normativos para atraer inversión privada. El Plan Nacional de Infraestructura cifró el déficit de acceso básico en S/ 363,452 millones a veinte años, y la vía presupuestal ya mostró su techo. Las asociaciones público-privadas (APP) son una de las principales modalidades disponibles.
La capacidad institucional detrás de cada proyecto
El problema es que una cartera vale lo que vale la capacidad institucional para cerrarla. ProInversión proyecta 86 proyectos y siete adendas por cerca de USD 40,000 millones al 2028. Que ese portafolio se convierta en agua, carreteras y hospitales depende menos del diseño normativo, ya de los mejores de la región, que del comportamiento efectivo de quienes intervienen en el ciclo del proyecto.
El costo del riesgo regulatorio
La evidencia internacional es inequívoca en un punto que conviene recordar. Sobre casi mil concesiones latinoamericanas, expertos encontraron que la presencia de un regulador en funciones al adjudicar reduce significativamente la probabilidad de renegociación, y que un buen marco regulatorio importa más, no menos, donde las instituciones son frágiles. El riesgo regulatorio nunca desaparece. Se paga en el precio de la oferta, en la tarifa del usuario o en el eventual laudo arbitral que pueda surgir.
Cuando la regulación se aleja de su mandato
Nuestro problema no es la captura clásica. Es un regulador que responde a incentivos ajenos a su mandato. El Consejo Privado de Competitividad documentó que, de 31 informes emitidos sobre APP entre 2013 y 2024, apenas el 31% versó sobre materias de competencia legal. A ello se suma el temor al control posterior, que vuelve la inacción la estrategia más segura porque deja al que firma como único responsable.
Una reforma que no resuelve el problema de fondo
Frente a ese diagnóstico, la Ley 32732 suprimió la opinión previa de los reguladores. Corrige el síntoma y agrava lamentablemente la causa. Traslada la carga a entidades sin equipos, elimina el registro público del cuestionamiento técnico y no toca la revisión tarifaria durante la ejecución, que es donde se ahuyenta la inversión.
Recuperar capacidad técnica para atraer inversión
El camino debe ser claramente otro y su discusión debe ser priorizada. Acotar el mandato por ley en lugar de eliminarlo. Evaluar la adopción de políticas que establezcan metodologías públicas de valorización con tasación independiente; plazos perentorios, de modo que quien no opina a tiempo consiente; protección legal al funcionario que respete la normatividad; y devolver capacidad técnica real donde acaba de trasladarse la función.
La capacidad institucional como condición para avanzar
Perú tuvo esa capacidad y la usó bien. Recuperarla es la condición para que la promesa se cumpla. Nada de esto supone demonizar las adendas, ocho pendientes por más de USD 8,500 millones. Bien usadas, adelantan inversión y aceleran dotar del servicio esperado por la población. Lo que no cabe es postergar proyectos por cuestionamientos sin sustento técnico, algo que en energía se ha vuelto frecuente y que abre dudas legítimas sobre la idoneidad con que el regulador de ese sector ejerce su mandato y la discrecionalidad con la que ejerce su función.
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