Por Luis Miguel Castilla
Las reglas estables son una condición básica para que un país atraiga inversión y proteja el bolsillo de sus ciudadanos. Cuando una norma de menor rango modifica lo que el Congreso aprobó, la confianza en todo el sistema se debilita. Ese riesgo aparece nuevamente hoy en el sector eléctrico.
Licitaciones para garantizar el menor costo de la electricidad
La Ley 32249 modificó la Ley 28832 para que el suministro de los usuarios regulados, es decir, hogares y pequeños negocios, se adjudique a la oferta más baja entre las que garanticen abastecimiento durante las 24 horas del día. El propósito es que la tarifa refleje el menor costo posible del servicio completo.
Los riesgos de adjudicar el suministro por bloques horarios
El proyecto de reglamento prepublicado hace meses permite licitar y adjudicar por bloques horarios, cada uno con su precio máximo, con ofertas indivisibles y con la posibilidad de aceptar ofertas condicionadas. Con ese diseño, un generador que ofrece un precio competitivo para todo el día puede quedar fuera porque uno de sus componentes supera el tope de un bloque. La suma de los precios más bajos de cada tramo no equivale al menor costo del suministro completo, y si un bloque de máxima demanda queda desierto, habrá nuevas licitaciones cuya diferencia pagarán los usuarios.
La participación de las energías renovables en las licitaciones
Respaldar los recursos energéticos renovables es compatible con exigir que el reglamento desarrolle la ley. Estas fuentes pueden competir dentro de un esquema que cubra las 24 horas, con ofertas por bloque, multibloque y de 24 horas evaluadas en el mismo proceso. Un reglamento no puede apartarse del espíritu de la norma que reglamenta ni transgredirla.
El impacto de las tarifas eléctricas en un contexto de inflación
El momento hace más sensible el asunto. La inflación en Lima llegó al 4.6% en septiembre, por encima del rango meta, y el BCRP mantiene su tasa de referencia en el 4.25%, mientras la política fiscal impulsa la demanda. Con un fenómeno de El Niño extraordinario y un petróleo más caro, una tarifa eléctrica potencialmente mayor añade presión sobre los precios. Además, los contratos de suministro de largo plazo fijan su costo por años, de modo que un error de diseño se arrastra durante mucho tiempo.
Alinear el reglamento con la ley para garantizar la confianza
También está en juego la credibilidad. Un Gobierno que solicita más espacio fiscal necesita demostrar que sus reglas son confiables, y los inversionistas de los proyectos público-privados y mineros observan cómo se trata lo que el Congreso ya resolvió. Corresponde alinear el reglamento con la ley antes de su aprobación definitiva, para que las licitaciones aseguren a los usuarios el menor costo total del suministro.
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