Por Luis Miguel Castilla
El Congreso tiene en sus manos la primera decisión económica de fondo. El Ejecutivo pidió facultades por 120 días y 54 de sus 66 numerales son económicos. En lugar de perder el tiempo discutiendo la ambición del pedido, conviene que la Cámara de Diputados discuta su contenido con la urgencia del caso, porque el pedido tiene algunas reformas que el país viene postergando. Es al inicio de un mandato que se adoptan este tipo de decisiones, antes de que el capital político se comience a agotar y las urgencias desplacen a lo importante.
Ocho reformas con impacto en la inversión
Ocho pedidos concentran el potencial mayor impacto. Tres ordenan la regulación que traba la inversión. La del marco eléctrico atiende un problema con fecha, pues los contratos del sistema principal de transmisión vencen desde 2031 sin mecanismo de continuidad. Las de permisología y asociaciones público-privadas atacan los plazos que atrasan la ejecución de importantes proyectos.
Reformas para reducir la informalidad y ampliar el acceso
Otras tres apuntan a la informalidad, uno de los problemas más persistentes del Perú. El régimen societario simplificado abarata la entrada de las empresas, el marco de la actividad laboral privada apunta a reducir los costos que inhiben el crecimiento empresarial y la normativa minera abre la puerta para ordenar un proceso de formalización de la MAPE, impedido por la persistente prórroga del REINFO. La reforma de los regímenes de impuesto a la renta simplificados enfrenta un padrón donde el 92 % de los contribuyentes aporta 0,35 % del PBI, y la derogación de los topes a las tasas de interés repara la exclusión de 218 000 deudores del sistema financiero.
Reformas postergadas que pueden impulsar el crecimiento
Estos temas son importantes y nada luce improvisado. Los pedidos cuentan con los sustentos que reguladores y organismos multilaterales documentan desde hace años y que apuntan a incrementar el crecimiento potencial, la variable que el Marco Macroeconómico Multianual aspira a que sea superior una vez superado el Niño. Tramitar cada medida por separado tomaría más de un año en las dos Cámaras y dejaría fuera del Pleno las de menor visibilidad política, que suelen ser las de mayor rendimiento.
Acompañar y precisar, no bloquear
La tarea de convencimiento no será sencilla y el Ejecutivo tendrá una ardua labor hacia adelante. Pero los diputados harían bien en acompañar el esfuerzo antes que en bloquearlo por mero cálculo político. Acompañar significa acotar lo que corresponda, precisar los mandatos más amplios y exigir que cada decreto publique línea de base, indicador e impacto esperado.
Los temas que deben seguir por la vía regular
Con todo y ello, quedan temas afuera y conviene decirlo. Por ejemplo, las reglas fiscales y la racionalización de las exoneraciones tributarias no están en el pedido, y son temas que exigen deliberación pública y consensos que ningún plazo de cuatro meses permite. Lo que corresponde en estos casos es que el Gobierno las envíe como proyectos de ley por la vía regular y se debatan en paralelo. Dejar pasar la ventana de oportunidad de una nueva gestión gubernamental es aceptar crecimiento por debajo de lo posible y atentar contra lo que todos aspiramos.
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